El odio es mal consejero y nefasto compañero de viaje. Retrata la mediocridad intelectual y la bajeza moral de quien lo cuida y riega. Deberían saberlo las detenidas por el asesinato de Isabel Carrasco y la chusma que jalea el crimen amparada a veces en el anonimato y siempre en la impunidad momentánea de las redes sociales. Asusta la frialdad de las mujeres que ejecutan a sangre fría a un ser humano y también la saña de ese ejército de “tuiteros” que destilan rencor con comentarios que son o rozan el delito. Nada justifica el asesinato. Ni siquiera el comportamiento supuestamente caciquil de una víctima que convirtió la provincia de León en un Reino de Taifas donde nadie se movía o trabajaba sin su consentimiento. Nadie debe morir asesinado por mucho que la gente que le rodea la considera ingrata, cruel, soberbia y rencorosa.

El Gobierno cumple con su obligación al ordenar a la Policía rastrear y perseguir a quienes confunden la crítica y la valoración con la apología del crimen en Internet. Que cumpla con su responsabilidad no significa que esa sea la solución. Y se equivocaría gravemente si propone una reforma legal para perseguir este tipo de actuaciones porque basta, simple y llanamente, con aplicar la Ley que ya existe.
Con todo, resulta muy complejo acotar jurídicamente lo que ocurre en la Red porque resulta imposible delimitar esa finísima línea roja que separa opiniones críticas de frases delictivas. La mano dura puede funcionar de cara a la galería pero sólo es un brindis al sol que la mayoría de jueces desmontará.

Parar a esas hordas que asocian su felicidad al mal ajeno sólo es posible con el compromiso ético de los usuarios más sensatos de las redes. Ellos, con su desprecio, sí pueden anular a quien no está preparado para la convivencia ni dentro, ni fuera Internet.

MACHISTAS EN CAMPAÑA

El desafortunado comentario del candidato del PP a las elecciones europeas ha dado impulso a la moribunda campaña electoral y oxígeno al alicaído PSOE. Dicen las encuestas que los populares mantienen cierta ventaja frente a los socialistas pero la demoscopia es incapaz de medir las consecuencias del desbarre verbal de Miguel Arias Cañete. Su soberana lección de un machismo impropio de los tiempos que corren solo es comparable en estupidez a la tibia y comprensiva respuesta de los dirigentes de su partido empeñados en restar importancia y justificar una frase intolerable.

Hay más motivos de orgullo que de vergüenza al ver a una Infanta desfilando ante un juez como sospechosa de varios delitos. Llevar a un miembro de la familia Real a un juzgado para soportar cientos de preguntas y horas de interrogatorio como imputada demuestra que la Justicia, aunque imperfecta, funciona.  El ciudadano español suele torturarse, flagelarse y resignarse por los casos de corrupción que nos rodean y cae en la trampa fácil de olvidar que vive en un país donde ministros, políticos, altos cargos y banqueros han acabado en prisión. Quien sostiene  que la Justicia no es igual para todos olvida que un modesto juez de Palma ha sido capaz de acusar, imputar e interrogar a una Infanta de España con el criterio en contra de la fiscalía, algo muy poco habitual, y con el rechazo del abogado del Estado. El futuro judicial de la Infanta sigue dependiendo de ese juez incansable  que ahora, después de las evasivas y la declaración de amor eterno a su marido, deberá decidir si archiva el caso o intenta enviar a la hija del Rey al banquillo de los acusados. Los abogados y el entorno de Cristina de Borbón están convencidos de que su declaración repleta de evasivas y cansinos “no me acuerdo”  obliga al magistrado a dar carpetazo al asunto. Y puede que tengan razón pero eso no es suficiente.  

La Infanta podrá librarse de la pena judicial pero jamás de la condena moral. Es culpable por acción o por omisión y eso es motivo sobrado para que valore, medite y decida su posible renuncia a todos los derechos que le otorgan su condición de miembro de la Familia Real. Beneficiará a su padre, hará el trabajo más fácil a su hermano y por encima de todo se hará un favor a ella misma. Su renuncia evitará, entre otras cosas, la indigestión televisiva de ese paseíllo reducido y adornado con sonrisa «profidén».  A la Infanta la salvará, casi con seguridad, la Audiencia de Palma si es que el juez Castro se atreve a mantener su imputación. Peor lo tiene su marido que  puede acabar pagando en la cárcel los errores de unos y otros.  

 LA MALETA Y LA PARRILLA

Una de dos. O Alfredo Pérez Rubalcaba prepara su maleta o la parrilla . Hay dos lecturas en la decisión de enviar a Estrasburgo a su mano derecha en Ferraz. La primera apunta a que tira la toalla porque la candidatura de Elena Valenciano, más allá de guiño al feminismo y de señuelo electoral entre quienes rechazan la «ley Gallardón», esconde un movimiento de mayor calado político. Dejar volar a Valenciano supondría romper el núcleo duro que le ha arropado durante su penosa travesía al timón del barco socialista. Rubalcaba dejaría vía libre a los Madina, López, Chacón, Page y algún tapado más porque parecería enviar la clara señal de que no competirá en las primarias socialistas. La segunda lectura es más benévola para el incombustible dirigente socialista que habría optado por poner  toda la carne en el asador del Parlamento Europeo. En ese supuesto, intentaría armar una candidatura con un tándem muy sólido,- Valenciano y Jáuregui-, para ganar las elecciones europeas si quiera por un solo voto. Una papeleta que sería suficiente para legitimarse como reforzado aspirante a  las  primarias  y eterno candidato del PSOE a las generales.