El Rey Juan Carlos no debió abdicar el pasado 2 de junio. Debió de hacerlo mucho antes por España, por su hijo y por su propia memoria. Irse antes hubiera salvado su legado y habría evitado alguno de los males que acogotan a la sociedad española. Hace tiempo que la España del siglo XXI reclamaba esa “Monarquía renovada para un tiempo nuevo” prometida por el nuevo rey. Felipe VI inicia su reinado cargado de buenas intenciones y lastrado por una retahíla de problemas.

Su primer discurso dio la talla al encarar todos y cada uno de los desafíos que tendrá que afrontar. Estuvo humilde en el intento de ganarse a su pueblo, comprensivo y a la vez firme con los nacionalismos y valiente al hablar de la Corona como una institución “valiente y honesta”. El Rey dedicó gran parte de su intervención al problema territorial consciente de que es ahí donde se juega su futuro y el de su país. Felipe VI hizo los deberes pese a que la actitud de Urkullu y Mas era una respuesta más que anunciada.

Su desdén, su frialdad y su ausencia de aplausos al discurso del Monarca les delatan como lo que son. Políticos maleducados, de baja talla y muy lejos del perfil de estadistas necesarios. El nuevo Rey ya sabe que no podrá dilatar los problemas y que ni siquiera tendrá una semana de tregua. Cuatro días después de su proclamación ya conoce las intenciones del juez Castro de imputar a su hermana por blanqueo y delito fiscal. Conocerá la letra pequeña del auto judicial el miércoles y un puñado de horas después tendrá su primer aparte en Catalunya con un Artur que aparenta porte de político digno cuando en realidad está implorando un gesto del monarca para salvar la cara en un proceso suicida.

La infanta Cristina, el desafío soberanista y la situación del PSOE serán los tres grandes problemas del inicio de reinado de Felipe VI. En dos de ellos, tendrá algo que decir. No así en el proceso sucesorio socialista donde reina la amenaza de que los aspirantes a candidatos acaben enfrascados en una escalada verbal por ver quién es el más republicano.

Hay más motivos de orgullo que de vergüenza al ver a una Infanta desfilando ante un juez como sospechosa de varios delitos. Llevar a un miembro de la familia Real a un juzgado para soportar cientos de preguntas y horas de interrogatorio como imputada demuestra que la Justicia, aunque imperfecta, funciona.  El ciudadano español suele torturarse, flagelarse y resignarse por los casos de corrupción que nos rodean y cae en la trampa fácil de olvidar que vive en un país donde ministros, políticos, altos cargos y banqueros han acabado en prisión. Quien sostiene  que la Justicia no es igual para todos olvida que un modesto juez de Palma ha sido capaz de acusar, imputar e interrogar a una Infanta de España con el criterio en contra de la fiscalía, algo muy poco habitual, y con el rechazo del abogado del Estado. El futuro judicial de la Infanta sigue dependiendo de ese juez incansable  que ahora, después de las evasivas y la declaración de amor eterno a su marido, deberá decidir si archiva el caso o intenta enviar a la hija del Rey al banquillo de los acusados. Los abogados y el entorno de Cristina de Borbón están convencidos de que su declaración repleta de evasivas y cansinos “no me acuerdo”  obliga al magistrado a dar carpetazo al asunto. Y puede que tengan razón pero eso no es suficiente.  

La Infanta podrá librarse de la pena judicial pero jamás de la condena moral. Es culpable por acción o por omisión y eso es motivo sobrado para que valore, medite y decida su posible renuncia a todos los derechos que le otorgan su condición de miembro de la Familia Real. Beneficiará a su padre, hará el trabajo más fácil a su hermano y por encima de todo se hará un favor a ella misma. Su renuncia evitará, entre otras cosas, la indigestión televisiva de ese paseíllo reducido y adornado con sonrisa «profidén».  A la Infanta la salvará, casi con seguridad, la Audiencia de Palma si es que el juez Castro se atreve a mantener su imputación. Peor lo tiene su marido que  puede acabar pagando en la cárcel los errores de unos y otros.  

 LA MALETA Y LA PARRILLA

Una de dos. O Alfredo Pérez Rubalcaba prepara su maleta o la parrilla . Hay dos lecturas en la decisión de enviar a Estrasburgo a su mano derecha en Ferraz. La primera apunta a que tira la toalla porque la candidatura de Elena Valenciano, más allá de guiño al feminismo y de señuelo electoral entre quienes rechazan la «ley Gallardón», esconde un movimiento de mayor calado político. Dejar volar a Valenciano supondría romper el núcleo duro que le ha arropado durante su penosa travesía al timón del barco socialista. Rubalcaba dejaría vía libre a los Madina, López, Chacón, Page y algún tapado más porque parecería enviar la clara señal de que no competirá en las primarias socialistas. La segunda lectura es más benévola para el incombustible dirigente socialista que habría optado por poner  toda la carne en el asador del Parlamento Europeo. En ese supuesto, intentaría armar una candidatura con un tándem muy sólido,- Valenciano y Jáuregui-, para ganar las elecciones europeas si quiera por un solo voto. Una papeleta que sería suficiente para legitimarse como reforzado aspirante a  las  primarias  y eterno candidato del PSOE a las generales.