No es más que nadie pero tampoco menos. El auto de imputación de la Infanta Cristina es un quiero y no puedo del juez Castro. El magistrado ha trabajado relativamente bien durante los últimos cuatro años para concluir que la hija y hermana de reyes colaboró silenciosamente en los supuestos tejemanejes del “caso Nóos”. Es cierto que hay muchas sospechas pero no bastan meras conjeturas o intuiciones para sentar en el banquillo a un ciudadano sea o no infante de España. La lentitud en la instrucción del juez Castro, – maquillada como paciencia y trabajo minucioso-, ha alumbrado un auto plagado de declaraciones personales que no servirán para juzgar a la hermana de Felipe VI al menos por los dos delitos fiscales de los que está acusada.

Castro ha contentado al ala más republicana y populista de una sociedad que sólo respeta y entiende el principio de presunción de inocencia cuando la beneficia. Ha actuado más como policía que como juez. Él sabe o intuye, -lo sabemos e intuimos todos-, que ni la infanta, ni la Casa Real podían estar ajenos a los movimientos de Iñaki Urdangarin pero olvida un principio elemental en Derecho que es la obligación de probar los hechos. Castro tenía múltiples sospechas para alumbrar un auto acusatorio de cientos de folios pero anda muy escaso de pruebas.

El procesamiento de la Infanta es más un ruidoso fuego de artificio que una solvente base legal para juzgar y condenar a Cristina. Los recursos de la fiscalía, la abogacía del Estado y la defensa tienen todas las papeletas para prosperar ante la Audiencia Provincial de Palma. Archivados los delitos fiscales el ruido mediático se centrará en la acusación de blanqueo de capitales que sí podría llevar a juicio a la infanta que pagará,- y de qué forma-, la conocida como pena del “telediario”. No irá a la cárcel porque no será condenada pero arrastrará, de por vida, el estigma que persigue a todo aquel que ha pisado un juzgado como imputado. Castro jugó muy fuerte y se encontró con la réplica de un fiscal que con un auto demoledor sugiere que estamos ante un juez prevaricador convertido en marioneta de una opinión pública ávida de carnaza.

La durísima acusación de Pedro Horrach cobra más sentido si cabe al comprobar los delitos imputados a los sospechosos.  Llama poderosamente la atención que la infanta Cristina sea la única imputada por blanqueo de capitales. Curiosamente el único delito por el que finalmente se sentaría en el banquillo. Quién sabe , quizás el fiscal tiene razón cuando avisa que su antaño amigo Castro hace tiempo que salió de pesca. O más bien de caza. De caza mayor.

Hay más motivos de orgullo que de vergüenza al ver a una Infanta desfilando ante un juez como sospechosa de varios delitos. Llevar a un miembro de la familia Real a un juzgado para soportar cientos de preguntas y horas de interrogatorio como imputada demuestra que la Justicia, aunque imperfecta, funciona.  El ciudadano español suele torturarse, flagelarse y resignarse por los casos de corrupción que nos rodean y cae en la trampa fácil de olvidar que vive en un país donde ministros, políticos, altos cargos y banqueros han acabado en prisión. Quien sostiene  que la Justicia no es igual para todos olvida que un modesto juez de Palma ha sido capaz de acusar, imputar e interrogar a una Infanta de España con el criterio en contra de la fiscalía, algo muy poco habitual, y con el rechazo del abogado del Estado. El futuro judicial de la Infanta sigue dependiendo de ese juez incansable  que ahora, después de las evasivas y la declaración de amor eterno a su marido, deberá decidir si archiva el caso o intenta enviar a la hija del Rey al banquillo de los acusados. Los abogados y el entorno de Cristina de Borbón están convencidos de que su declaración repleta de evasivas y cansinos “no me acuerdo”  obliga al magistrado a dar carpetazo al asunto. Y puede que tengan razón pero eso no es suficiente.  

La Infanta podrá librarse de la pena judicial pero jamás de la condena moral. Es culpable por acción o por omisión y eso es motivo sobrado para que valore, medite y decida su posible renuncia a todos los derechos que le otorgan su condición de miembro de la Familia Real. Beneficiará a su padre, hará el trabajo más fácil a su hermano y por encima de todo se hará un favor a ella misma. Su renuncia evitará, entre otras cosas, la indigestión televisiva de ese paseíllo reducido y adornado con sonrisa «profidén».  A la Infanta la salvará, casi con seguridad, la Audiencia de Palma si es que el juez Castro se atreve a mantener su imputación. Peor lo tiene su marido que  puede acabar pagando en la cárcel los errores de unos y otros.  

 LA MALETA Y LA PARRILLA

Una de dos. O Alfredo Pérez Rubalcaba prepara su maleta o la parrilla . Hay dos lecturas en la decisión de enviar a Estrasburgo a su mano derecha en Ferraz. La primera apunta a que tira la toalla porque la candidatura de Elena Valenciano, más allá de guiño al feminismo y de señuelo electoral entre quienes rechazan la «ley Gallardón», esconde un movimiento de mayor calado político. Dejar volar a Valenciano supondría romper el núcleo duro que le ha arropado durante su penosa travesía al timón del barco socialista. Rubalcaba dejaría vía libre a los Madina, López, Chacón, Page y algún tapado más porque parecería enviar la clara señal de que no competirá en las primarias socialistas. La segunda lectura es más benévola para el incombustible dirigente socialista que habría optado por poner  toda la carne en el asador del Parlamento Europeo. En ese supuesto, intentaría armar una candidatura con un tándem muy sólido,- Valenciano y Jáuregui-, para ganar las elecciones europeas si quiera por un solo voto. Una papeleta que sería suficiente para legitimarse como reforzado aspirante a  las  primarias  y eterno candidato del PSOE a las generales.   

Defender la “marca” España es algo más que pagar previsibles campañas de comunicación o realizar aburridas tournées.  Respaldar la marca España es evitar el espantoso ridículo de cancelar, por segunda vez en dos meses, la agenda del heredero de la Corona por un problema técnico en un avión de las Fuerzas Armadas que debería ser santo, seña e imagen de un país.  España no necesita un “Air Force One” pero tampoco merece una chatarra de treinta años donde nuestra sociedad pasea el pesimismo y la falta de autoestima.  La gravedad del bochornoso episodio del avión del Príncipe radica en la compañía de otras situaciones enfangan la imagen del país.

Se acumulan los casos de corrupción, fallan nuestras apuestas tecnológicas, empresas  aparentemente punteras entierran su seriedad saltándose los contratos firmamos se aprueban leyes retrógradas que nos devuelven a la década de la construcción del Airbus del sonrojo. Así es muy difícil  hacer y defender la marca España

 COBARDES E ILETRADOS

El lehendakari Ibarretxe al menos tuvo la dignidad y valentía de dar la cara para defender su plan soberanista en el Congreso de los Diputados. Fue derrotado y cavó su tumba política en Madrid pero demostró  arrestos para explicar con argumentos el dislate de su ensoñación independentista.  Artur Mas ni eso.  Actúa por cobardía desde hace más de un año cuando harto de sufrir reproches e insultos callejeros por los recortes, optó por el camino facilón de disfrazarse del Wallace catalán para recoger el aplauso de su cohorte de pelotas y la estruendosa ovación de un independentismo radical que no para de frotarse las manos desde entonces.  Mas se mueve entre la cobardía de quien esconde la mano tras arrojar la piedra y la chulería de quien se siente arropado por una sociedad que en realidad le dio la espalda en las urnas.  Actúa como presidente solo de una parte de los catalanes, se arroga el respaldo del 70 por ciento  de la ciudadanía y se permite el lujo de reprochar a Mariano Rajoy su “despotismo ilustrado”. Y lo hace él.  El hombre que patrimonializa otro tipo de despotismo, el iletrado.

 GUERRA DE TOGAS Y ALGO MÁS

Un inédito  y demoledor  auto judicial se convierte en metáfora de una sociedad fracturada hasta el hastío. Las críticas del fiscal al juez del “caso Nóos,- antaño amigos y no hace tanto colaboradores inseparables-, evidencian una fractura social de la que no escapan los togados por un quítame allá esa Infanta. El fiscal Horrach y el juez Castro se enfrentan a “cara de perro” en sus escritos  en nombre de las dos Españas. La de quienes confían en la inocencia de la hija del Rey y la de quienes están  convencidos  de su culpabilidad.  A un lado quienes creen que está siendo maltratada por una condena social preventiva y al otro quienes sostienen que recibe trato de favor. En este escenario no ayuda que el presidente del Gobierno se posicione  con tanta claridad en un asunto de Estado que compete única y exclusivamente a los jueces.  Cuando  Mariano Rajoy dice que a la Infanta le irá bien está sugiriendo que o bien maneja una información  privilegiada o bien disfruta de la sospechosa licencia de controlar la hoja de ruta judicial.

No es más que nadie, tampoco menos. Desconozco  si la condición de Infanta ha perjudicado o beneficiado a la hija del Rey en el proceso que ha acabado en el cadalso de la imputación. Sólo el juez lo sabe.  Sí creo que acierta al no recurrir la decisión judicial. Si verdaderamente es inocente tendrá ocasión de desmontar todas y cada una de las acusaciones del magistrado. El riesgo no es excesivo porque lo hará con abogado y con el casi seguro apoyo del fiscal.  La imputación de la hija del Rey coincide con la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que consolida la corrupción como la segunda preocupación de la sociedad española sólo detrás del paro. Es bueno que el ciudadano se preocupe por la corrupción pero no tanto que destroce su autoestima aludiendo machaconamente al país de “chorizos” donde vive. No es demasiado importante que haya corruptos. Lo verdaderamente relevante es que terminen en la cárcel. Y  acabarán. Quienes insisten en que España es el país donde la Ley no es igual para todos olvidan que en los últimos veinte años han acabado entre rejas, banqueros, políticos,  ministros, secretarios de Estado, jueces, empresarios…..La profusión de portadas repletas de casos de corrupción, lejos de ser un drama, es la prueba evidente de que las cosas funcionan y de que aquí quien la hace, la paga. Y si quien la hace se llama Cristina y es Infanta de España, también debería pagarla.

 UN ERROR HUMANO

El rocambolesco patinazo del departamento de prensa del ministerio del Interior  es uno de los episodios  más graves y patéticos en la larga lucha contra el terror.  Difícil imaginar a quien quería sorprender el periodista que lanzó la nota de prensa y el “tuit” anunciando las consecuencias de una operación policial que ni siquiera había comenzado. En juego no estaba una exclusiva, ni siquiera una primicia. Nadie sabe muy bien qué medalla  buscaba el autor del “error humano” que ha desbaratado meses de investigación y esfuerzos de un montón de agentes de la Guardia Civil que siguen jugándose el pellejo. Al menos la operación “jaque” ha permitido conocer la verdadera cara de políticos que siguen estando más cerca de los verdugos. Sorprende que los socialistas  vascos se conviertan en los tontos útiles de Bildu en San Sebastián. Y más allá de la sorpresa, indignan las declaraciones de un tipo que aspira a convertirse en el mirlo blanco de Izquierda Unida. Se llama Alberto garzón y piensa que el Gobierno ordena detener a los etarras solo por odio y que las víctimas del terrorismo son un atajo de ultras. Por fortuna, es más que probable que el tal Garzón siga siendo por muchos años la promesa de futuro de IU. La eterna promesa de futuro. No sorprende tanto que el siempre pragmático PNV  se ponga al lado de los proetarras en una manifestación  de apoyo a los presos .  Los de Urkullu ya echan cuentas después de aprender la lección desde Catalunya.  Saben, o al menos intuyen, que si no se ponen  a la cabeza de la manifestación correrán la misma suerte que CIU en Catalunya. Unos víctima de Esquerra . Los otros, de Sortu. 

Se heló la sonrisa del ministro chulapón. Mudó su cara y su expresión a medida que se conocían los detalles de una gloriosa “chapuza” maloliente.  Cristóbal Montoro aparcó a la fuerza su peculiar verborrea incapaz de dar una sola explicación coherente, creíble y veraz del patético episodio de la supuesta venta de las “propiedades” de la infanta Cristina. Es evidente que Montoro no va a dimitir aunque sobren los motivos.  Él, como ministro de Hacienda, es responsable del descrédito de una Administración antipática e ineficaz. Su silencio sólo alimenta las sospechas de que detrás del informe de Hacienda  hay algo muy sucio.  Montoro debe irse de confirmarse que la Agencia Tributaria cometió el gigantesco error de atribuir a la hija del Rey la venta de unas propiedades que no son suyas. Esa es una opción. La otra también pasa por la marcha del ministro si se demuestra que detrás del folletín palaciego sólo está una Hacienda pública encargada de  “tapar” las posibles fechorías de la mujer de Iñaki Urdangarin.  Justificar el fallo en la confusión del DNI 14-Z de la infanta es obsceno y humillante para los ciudadanos.  Lo es por mucho que hace dos meses hayamos leído sorprendidos como a la hija del Rey le llegaba una multa por conducir un tractor por las carreteras de Valladolid. 

El error entonces también estaba en el número del carné de identidad.  ¿Estaban preparando ya el terreno para que las burdas explicaciones de Hacienda resultaran creíbles en el posterior escándalo de los pisos de Cristina?   El sobredimensionado Montoro se ha convertido, con permiso de su jefe de filas, en el símbolo de un Gobierno rehén de su soberbia y de su incapacidad para asumir errores.  Más allá de la gestión de Mariano Rajoy la foto de su equipo lleva ya meses enfangada. Sucia por la prepotencia de Wert y la incompetencia de Báñez y manchada por la desfachatez de Mato y el patetismo del titular de Hacienda.

EL PEQUEÑO MADINA

Madina agiganta su imagen de aspirante a liderar el maltrecho PSOE en la misma medida que empequeñece su talla de potencial estadista. No es una buena noticia que el bueno de Eduardo haga el paripé ante las cámaras para oponerse con vehemencia al primer y por el momento único pacto de Estado de la Legislatura. El enfado por un acuerdo en un  país necesitado de pactos sólo se explica en clave de estrategia interna en la carrera recién iniciada por el liderazgo socialista.  Madina lanza un mensaje al ala más izquierdista del PSOE  en busca de futuros apoyos.

Parece importarle poco que cale la idea de que su actitud es más propia de quien se conforma con vivir cálidamente en la oposición al retratarse tácitamente como un político incapaz de asumir responsabilidades mayores.  Si Eduardo Madina no lo sabe, alguien de su entorno debería recordarle que la responsabilidad del gobernante  empieza cuando todavía no lo es.