No es más que nadie pero tampoco menos. El auto de imputación de la Infanta Cristina es un quiero y no puedo del juez Castro. El magistrado ha trabajado relativamente bien durante los últimos cuatro años para concluir que la hija y hermana de reyes colaboró silenciosamente en los supuestos tejemanejes del “caso Nóos”. Es cierto que hay muchas sospechas pero no bastan meras conjeturas o intuiciones para sentar en el banquillo a un ciudadano sea o no infante de España. La lentitud en la instrucción del juez Castro, – maquillada como paciencia y trabajo minucioso-, ha alumbrado un auto plagado de declaraciones personales que no servirán para juzgar a la hermana de Felipe VI al menos por los dos delitos fiscales de los que está acusada.

Castro ha contentado al ala más republicana y populista de una sociedad que sólo respeta y entiende el principio de presunción de inocencia cuando la beneficia. Ha actuado más como policía que como juez. Él sabe o intuye, -lo sabemos e intuimos todos-, que ni la infanta, ni la Casa Real podían estar ajenos a los movimientos de Iñaki Urdangarin pero olvida un principio elemental en Derecho que es la obligación de probar los hechos. Castro tenía múltiples sospechas para alumbrar un auto acusatorio de cientos de folios pero anda muy escaso de pruebas.

El procesamiento de la Infanta es más un ruidoso fuego de artificio que una solvente base legal para juzgar y condenar a Cristina. Los recursos de la fiscalía, la abogacía del Estado y la defensa tienen todas las papeletas para prosperar ante la Audiencia Provincial de Palma. Archivados los delitos fiscales el ruido mediático se centrará en la acusación de blanqueo de capitales que sí podría llevar a juicio a la infanta que pagará,- y de qué forma-, la conocida como pena del “telediario”. No irá a la cárcel porque no será condenada pero arrastrará, de por vida, el estigma que persigue a todo aquel que ha pisado un juzgado como imputado. Castro jugó muy fuerte y se encontró con la réplica de un fiscal que con un auto demoledor sugiere que estamos ante un juez prevaricador convertido en marioneta de una opinión pública ávida de carnaza.

La durísima acusación de Pedro Horrach cobra más sentido si cabe al comprobar los delitos imputados a los sospechosos.  Llama poderosamente la atención que la infanta Cristina sea la única imputada por blanqueo de capitales. Curiosamente el único delito por el que finalmente se sentaría en el banquillo. Quién sabe , quizás el fiscal tiene razón cuando avisa que su antaño amigo Castro hace tiempo que salió de pesca. O más bien de caza. De caza mayor.

Es salvaje pero real como la vida y la muerte. La buena noticia es que ¡por fin! se da el primer paso para que los padres que no se tomen en serio la seguridad de sus hijos, además de terminar en la cárcel, se queden sin su custodia. Lo siento, pero no hay excusas para que los niños vayan en el coche sin cinturón o sin sillita de  seguridad. La Fiscalía de Seguridad Vial va a por ellos.

La fotografía resulta muy reveladora. Una madre en Estados Unidos deja a su bebé suelto en en el asiento en pañales y prefiere sujetar una bombona de gasolina. Es un caso extremo que demuestra que la normativa debe ser más dura.  Y  si a alguien le parece exagerado que piense en los niños muertos o heridos muy graves. En España la fiscalía toma esta decisión en base a un estudio pionero sobre siniestralidad infantil que analiza los accidentes que llegan a los juzgados. Ha revisado 67 accidentes con 68 víctimas mortales. En 2010 murieron 79 niños, el 46% viajaba sin sistema de retención, otro 18% lo llevaba mal colocado y sólo el 30% lo utilizaba de forma correcta.

 Según la fiscalía la mitad de esos críos que se dejaron la vida en la carretera habría sobrevivido si sus padres les hubieran protegido. Y lo peor de todo viendo caso por caso muchos de los pequeños mueren en el regazo de sus madres que terminan aplastándolos o que no pueden impedir que salgan disparados por una ventanilla.

 Según datos de la Fundación Mapfre la mayoría de los niños fallece en viajes por motivo de ocio, en día festivo o vacaciones y en los meses de verano, lo paradójico es que casi siempre el accidente se produce a menos de 50 kilómetros de distancia del domicilio familiar. Casi siempre son salidas de vía por culpa de una distracción y en el 90% de los casos, con resultado de muerte, en una carretera de doble sentido.

Esa es la radiografía dramática y estoy segura de que ningún padre quería hacer daño a sus hijos, pero basta ya de tanta irresponsabilidad. Da igual que el trayecto sea corto o que hace 30 ó 40 años los que éramos niños fuéramos sueltos en el asiento de atrás. Nuestros padres también fumaban como carreteros con los bebés en brazos y ahora resulta casi inimaginable. Somos humanos y podemos distraernos. Los accidentes son eso, accidentes. Según la Real Academia de la Lengua, un «suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas». Pero sí está en nuestras manos ser prudentes y proteger a seres indefensos que no tienen voluntad ni conciencia para asegurar su integridad. Así que todo mi apoyo a la Fiscalía y que no muera ni un niño más sobre el asfalto.