“La Justicia es igual para todos” repiten cansinamente políticos de uno y otro signo después de conocer la imputación de la Infanta Cristina. ¿De verdad es igual para todos? Ya se verá. Y se verá por exceso o por defecto.

Dice el juez Castro  que imputa a la infanta para “despejar cualquier duda” sobre la supuesta implicación de la hija del Rey en los negocios del  «Instituto Nóos».  Puede que la Infanta supiera los entresijos de los turbios negocios de su marido pero no bastan los indicios para que un juez cambie de criterio sólo meses después de su decisión inicial y contra el criterio de la fiscalía.  ¿La Justicia es igual para todos? ¿El mismo juez habría tomado la misma  decisión, con los mismos indicios si la persona investigada no fuera un miembro de la Casa del Rey?

Lo dudo y también lo duda el fiscal en un escrito demoledor en el que llega a la misma conclusión que cualquier mortal que se haya leído los dos autos judiciales. El de hace un año y el de ahora. Cuando un juez toma una decisión sabiendo que es injusta comete un delito de prevaricación. Guste o no, José Castro prevaricó cuando no imputó a la Infanta hace un año o prevarica ahora al cambiar de criterio sin pruebas. No bastan indicios, señoría y usted lo sabe. No basta estar plenamente convencido de que la Infanta estaba al tanto de todo y usted lo sabe. Quizás el problema de origen es que el magistrado debió imputar a la Infanta cuando lo hizo con el resto de la cúpula del «Instituto Nóos». Si entonces no lo hizo tampoco hay motivos para hacerlo ahora  por mucho que se empeñe un nuevo personaje muy al uso de la cultura española.

Vomitivo,  repugnante y cobarde Diego Torres. Filtra los correos, uno a uno, con la zafiedad de un infame ladrón que sólo busca escapar de la cárcel sin  atisbo de arrepentimiento.

Aún así -y con el riesgo de torpedear la presunción de inocencia-, la Infanta y Zarzuela están obligados a dar señales y gestos que refuercen la estabilidad institucional.  La Infanta, de entrada, debe renunciar de forma inexorable a sus derechos dinásticos sin esperar al siguiente paso -si el recurso de la fiscalía no lo remedia-, que sería el «paseíllo» y un posible procesamiento antes del juicio. La Monarquía vive momentos de extrema debilidad que ni debe, ni puede afrontar huyendo de la realidad.  En dar ejemplo está su salvación. Es cuestión de supervivencia.

MATONES Y CHORIZOS

Impone la ley del silencio como alternativa a su incapacidad moral para escapar de los casos de corrupción. Rehén de su pasado, silba, mira a otro lado y aguarda a que escampe el diluvio. Ordena callar a los suyos, esquiva a la prensa y pasa de puntillas por los asuntos que mantienen en vilo a una ciudadanía hastiada y agotada por tanta ineptitud.  El ingenuo  Rajoy cree que la distancia es el olvido en el caso Bárcenas. Piensa erróneamente que cuanto menos hable del tema menos daño le hará. Se equivoca. Una vez más, se equivoca el presidente. Ni la Justicia, ni la Policía, ni los medios de comunicación van a enterrar un caso de enriquecimiento y envilecimiento ilícito porque no está en juego una opción de Gobierno o un puñado de carreras políticas.

Resulta curioso y hasta chocante que el único barón «popular» que aboga abiertamente por pedir perdón por el «caso Bárcenas» tenga que enfrentarse a una voraz campaña de desprestigio por las fotografías de un narcotraficante hechas hace casi 20 años. La filtración, nada desinteresada, puede tener muchos orígenes pero ¿y si al final tiene razón el líder de los socialistas gallegos? ¿Y si resulta que quienes han filtrado la foto de marras son compañeros de partido de Núñez Feijóo? ¿Y si estamos en una campaña para acabar con el mejor colocado en la carrera por suceder a Rajoy?

En juego está un modelo de país y un futuro a conseguir.  El presidente del Gobierno tiene exactamente el mismo problema que la Infanta Cristina. Está, como ella, en manos de un personaje zafio que dispone de un arsenal que puede convertir, a su antojo, en pequeñas bombas de relojería. Los correos de Diego Torres han llevado a la Infanta a los juzgados. Los papeles del extesorero del PP, si alguien no lo remedia, podrán llevar al presidente hasta el cadalso. El Estado está hoy en manos de Torres y Bárcenas. Cuestión de matones, cuestión de chorizos. Mala pinta.

Mariano Rajoy es un hombre acostumbrado a que lo previsible le haga feliz. Ha vivido una noche plácida después de los resultados electorales en Galicia que dejan en un mal menor el importante retroceso en Euskadi. La mayoría absoluta de los populares gallegos, 41 escaños,  se interpreta, sin ningún tipo de duda, como un espaldarazo a la política de austeridad y como una palmaria señal de desconfianza en el Partido que llevó a España a la crisis.

El triunfo de Feijóo es la victoria de Rajoy en la misma medida que el batacazo de Pachi Vázquez es la clamorosa derrota de un líder de la oposición que a la vista de lo que se avecina,- otro desastre en Catalunya-, va a tener muy difícil llegar como candidato a las próximas  generales. Volarán cuchillos y más de uno se clavará en la espalda de Alfredo Pérez Rubalcaba que sale del «21-0″ desolado por las estrepitosas derrotas de los socialistas gallegos y vascos. Incapaces los primeros de rentabilizar la crisis y los desastrosos datos económicos e impotentes los segundos al no poder sacar réditos electorales del fin de la violencia etarra.  La jornada electoral ha sido, a la postre, la del triunfo de quienes aplican y defienden los recortes y las políticas de austeridad frente a quienes han intentado tomar la calle con mucho ruido y pocas propuestas.

El PP ha salvado los muebles pero nadie en la calle Génova debería sacar pecho y caer en la tentación de pensar que el camino andado es el bueno. El triunfo en Galicia no puede ocultar el desastre del bloque constitucionalista en el País Vasco donde los partidos independentistas ganan fuerza a pasos agigantados. Victoria solvente del PNV y entrada fulgurante y con mucho músculo de los herederos de Batasuna. Suman 48 diputados. Iñigo Urkullu tiene ahora la palabra para decidir si opta por la vía blanda y lenta a la independencia, pacto con el PSE-PSOE, o si se deja querer por Bildu en un pacto que supondría un desafío mayúsculo al Estado español.

Ya no es sólo el problema catalán el que debe preocupar a Rahoy. Tiene por delante cuatro años donde se va a hartar de escuchar a quienes comparan el caso escocés con el vasco o el catalán. No debería hacer más tancredismo político con este asunto del mismo modo que tampoco es bueno que oculte la realidad de una Cumbre comunitaria donde los intereses españoles han sido humillados. El veto de la inalterable Merkel a la recapitalización directa  de la banca española es un golpe tan duro que no se puede solventar con una frase ridícula en un intento desesperado para minimizar la realidad.

«MÁS TONTOS QUE BOTELLINES»

Hay semanas en las que uno no está para nada. En las que cobra sentido la frase lapidaria de Carlos Herrera. «En España hay más tontos que botellines», dice con sorna el afamado comunicador. Semanas donde uno se topa  con las declaraciones de un consejero de Interior que llama a saltarse la Ley y al enfrentamiento armado entre «sus» Mossos y el resto de fuerzas del seguridad. Semanas donde un candidato a gobernar en su tierra asegura que el presidente de su Comunidad,elegido democráticamente en las urnas, ha matado a más gente que cualquier banda terrorista.

Semanas donde un grupo de intelectuales gallegos ¿intelectuales? piden el voto para el autor de la barbaridad. Semanas donde otro aspirante a gobernar la Autonomía más poderosa de España resucita el fantasma de la Guerra Civil. Semanas donde una política con décadas de coche oficial a sus espaldas falta a su puesto de funcionaria el segundo día de trabajo después de años y años de críticas a las prebendas de los sindicalistas que se «escaquean».

El ciudadano sólo reclama a los políticos honestidad y responsabilidad. Sobre todo en los momentos de crisis. ¿Qué parte de la frase no habrán entendido Félip Puig, Xosé Manuel Beiras,Tomás Gómez y Esperanza Aguirre?