No es más que nadie pero tampoco menos. El auto de imputación de la Infanta Cristina es un quiero y no puedo del juez Castro. El magistrado ha trabajado relativamente bien durante los últimos cuatro años para concluir que la hija y hermana de reyes colaboró silenciosamente en los supuestos tejemanejes del “caso Nóos”. Es cierto que hay muchas sospechas pero no bastan meras conjeturas o intuiciones para sentar en el banquillo a un ciudadano sea o no infante de España. La lentitud en la instrucción del juez Castro, – maquillada como paciencia y trabajo minucioso-, ha alumbrado un auto plagado de declaraciones personales que no servirán para juzgar a la hermana de Felipe VI al menos por los dos delitos fiscales de los que está acusada.

Castro ha contentado al ala más republicana y populista de una sociedad que sólo respeta y entiende el principio de presunción de inocencia cuando la beneficia. Ha actuado más como policía que como juez. Él sabe o intuye, -lo sabemos e intuimos todos-, que ni la infanta, ni la Casa Real podían estar ajenos a los movimientos de Iñaki Urdangarin pero olvida un principio elemental en Derecho que es la obligación de probar los hechos. Castro tenía múltiples sospechas para alumbrar un auto acusatorio de cientos de folios pero anda muy escaso de pruebas.

El procesamiento de la Infanta es más un ruidoso fuego de artificio que una solvente base legal para juzgar y condenar a Cristina. Los recursos de la fiscalía, la abogacía del Estado y la defensa tienen todas las papeletas para prosperar ante la Audiencia Provincial de Palma. Archivados los delitos fiscales el ruido mediático se centrará en la acusación de blanqueo de capitales que sí podría llevar a juicio a la infanta que pagará,- y de qué forma-, la conocida como pena del “telediario”. No irá a la cárcel porque no será condenada pero arrastrará, de por vida, el estigma que persigue a todo aquel que ha pisado un juzgado como imputado. Castro jugó muy fuerte y se encontró con la réplica de un fiscal que con un auto demoledor sugiere que estamos ante un juez prevaricador convertido en marioneta de una opinión pública ávida de carnaza.

La durísima acusación de Pedro Horrach cobra más sentido si cabe al comprobar los delitos imputados a los sospechosos.  Llama poderosamente la atención que la infanta Cristina sea la única imputada por blanqueo de capitales. Curiosamente el único delito por el que finalmente se sentaría en el banquillo. Quién sabe , quizás el fiscal tiene razón cuando avisa que su antaño amigo Castro hace tiempo que salió de pesca. O más bien de caza. De caza mayor.

“La Justicia es igual para todos” repiten cansinamente políticos de uno y otro signo después de conocer la imputación de la Infanta Cristina. ¿De verdad es igual para todos? Ya se verá. Y se verá por exceso o por defecto.

Dice el juez Castro  que imputa a la infanta para “despejar cualquier duda” sobre la supuesta implicación de la hija del Rey en los negocios del  «Instituto Nóos».  Puede que la Infanta supiera los entresijos de los turbios negocios de su marido pero no bastan los indicios para que un juez cambie de criterio sólo meses después de su decisión inicial y contra el criterio de la fiscalía.  ¿La Justicia es igual para todos? ¿El mismo juez habría tomado la misma  decisión, con los mismos indicios si la persona investigada no fuera un miembro de la Casa del Rey?

Lo dudo y también lo duda el fiscal en un escrito demoledor en el que llega a la misma conclusión que cualquier mortal que se haya leído los dos autos judiciales. El de hace un año y el de ahora. Cuando un juez toma una decisión sabiendo que es injusta comete un delito de prevaricación. Guste o no, José Castro prevaricó cuando no imputó a la Infanta hace un año o prevarica ahora al cambiar de criterio sin pruebas. No bastan indicios, señoría y usted lo sabe. No basta estar plenamente convencido de que la Infanta estaba al tanto de todo y usted lo sabe. Quizás el problema de origen es que el magistrado debió imputar a la Infanta cuando lo hizo con el resto de la cúpula del «Instituto Nóos». Si entonces no lo hizo tampoco hay motivos para hacerlo ahora  por mucho que se empeñe un nuevo personaje muy al uso de la cultura española.

Vomitivo,  repugnante y cobarde Diego Torres. Filtra los correos, uno a uno, con la zafiedad de un infame ladrón que sólo busca escapar de la cárcel sin  atisbo de arrepentimiento.

Aún así -y con el riesgo de torpedear la presunción de inocencia-, la Infanta y Zarzuela están obligados a dar señales y gestos que refuercen la estabilidad institucional.  La Infanta, de entrada, debe renunciar de forma inexorable a sus derechos dinásticos sin esperar al siguiente paso -si el recurso de la fiscalía no lo remedia-, que sería el «paseíllo» y un posible procesamiento antes del juicio. La Monarquía vive momentos de extrema debilidad que ni debe, ni puede afrontar huyendo de la realidad.  En dar ejemplo está su salvación. Es cuestión de supervivencia.

MATONES Y CHORIZOS

Impone la ley del silencio como alternativa a su incapacidad moral para escapar de los casos de corrupción. Rehén de su pasado, silba, mira a otro lado y aguarda a que escampe el diluvio. Ordena callar a los suyos, esquiva a la prensa y pasa de puntillas por los asuntos que mantienen en vilo a una ciudadanía hastiada y agotada por tanta ineptitud.  El ingenuo  Rajoy cree que la distancia es el olvido en el caso Bárcenas. Piensa erróneamente que cuanto menos hable del tema menos daño le hará. Se equivoca. Una vez más, se equivoca el presidente. Ni la Justicia, ni la Policía, ni los medios de comunicación van a enterrar un caso de enriquecimiento y envilecimiento ilícito porque no está en juego una opción de Gobierno o un puñado de carreras políticas.

Resulta curioso y hasta chocante que el único barón «popular» que aboga abiertamente por pedir perdón por el «caso Bárcenas» tenga que enfrentarse a una voraz campaña de desprestigio por las fotografías de un narcotraficante hechas hace casi 20 años. La filtración, nada desinteresada, puede tener muchos orígenes pero ¿y si al final tiene razón el líder de los socialistas gallegos? ¿Y si resulta que quienes han filtrado la foto de marras son compañeros de partido de Núñez Feijóo? ¿Y si estamos en una campaña para acabar con el mejor colocado en la carrera por suceder a Rajoy?

En juego está un modelo de país y un futuro a conseguir.  El presidente del Gobierno tiene exactamente el mismo problema que la Infanta Cristina. Está, como ella, en manos de un personaje zafio que dispone de un arsenal que puede convertir, a su antojo, en pequeñas bombas de relojería. Los correos de Diego Torres han llevado a la Infanta a los juzgados. Los papeles del extesorero del PP, si alguien no lo remedia, podrán llevar al presidente hasta el cadalso. El Estado está hoy en manos de Torres y Bárcenas. Cuestión de matones, cuestión de chorizos. Mala pinta.

Nadie debería morir con 18 años. Y por supuesto nadie se merece una muerte tan horrible como la de Katia, Cristina, Rocío y Belén. Aplastadas por la voraz ambición de un tipo capaz de jugar con la vida de miles de chavales por un gran puñado de euros. El tal Flores,- artífice del  concierto del «Madrid Arena» y supuesto responsable de un cuadruple homicidio-, debe pagar su aparente villanía por el bien de una sociedad que no merece personajes de esta calaña. Rompe el alma pensar en los padres que no volverán a disfrutar de la sonrisa de cuatro chiquillas en la misma medida que angustia el drama de los cientos de familias que rozaron la tragedia en la madrugada de Halloween. Se habló de un petardo, de una bengala, del exceso de euforia, de la mala suerte. De tantas cosas para justificar lo miserable. Pero no. La tragedia de Madrid hubiera sido bastante improbable si cada cual hubiera hecho su trabajo. Si el egoísmo de los empresarios no les hubiera llevado a vender tres veces el aforo del recinto. Si la Policía Local hubiera sido más celosa a la hora de contabilizar la multitud que entraba al concierto. Si el equipo médico contratado hubiera tenido los medios adecuados….

Lo peor de esta infame noche de los Santos fue el voraz apetito material de quienes juegan con la vida de los demás desde hace años con la fortuna, para ellos, de que hasta ahora habían podido esquivar la tragedia. Lo mejor, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad de los chavales que intentaron echar una mano para salvar las vidas que se escapaban entre los cuerpos amontonados. Y lo grave, la actitud de un Ayuntamiento de Madrid empeñado en dar la sensación de que el asunto no va con ellos. Desde el principio quisieron lavarse las manos con las sonrojantes explicaciones de un vicealcalde que intentaba aclarar que las entradas vendidas eran menos del aforo permitido. Supongo que nadie le aconsejó que visionara los vídeos grabados por los chavales donde se aprecia la ratonera en la que se había convertido la pista central del pabellón.

Lo de después es el mismo «bla, bla, bla» al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Que la alcaldesa Ana Botella invoque a la responsabilidad de los jóvenes por el abuso de alcohol es simplemente miserable. Su patética respuesta sólo está al alcance de alguien a quien el cargo le viene grande. Apena que nadie en el PP se haya percatado de la relevancia política del Ayuntamiento de  Madrid. «Es más importante que ser ministro» se decía cuando el inquilino era Alberto Ruiz Gallardón. Supongo que quien toleró, impulsó y jaleó la llegada de la señora Botella a la alcaldía debió de echar un vistazo a la nómina de los ministros de las últimas Legislaturas. Es verdad. Cualquiera puede ser ministro.  Cualquiera, para desgracia de Katia, Cristina, Rocío y Belén, puede ser alcaldesa de la capital. Apañados vamos.