No es más que nadie pero tampoco menos. El auto de imputación de la Infanta Cristina es un quiero y no puedo del juez Castro. El magistrado ha trabajado relativamente bien durante los últimos cuatro años para concluir que la hija y hermana de reyes colaboró silenciosamente en los supuestos tejemanejes del “caso Nóos”. Es cierto que hay muchas sospechas pero no bastan meras conjeturas o intuiciones para sentar en el banquillo a un ciudadano sea o no infante de España. La lentitud en la instrucción del juez Castro, – maquillada como paciencia y trabajo minucioso-, ha alumbrado un auto plagado de declaraciones personales que no servirán para juzgar a la hermana de Felipe VI al menos por los dos delitos fiscales de los que está acusada.

Castro ha contentado al ala más republicana y populista de una sociedad que sólo respeta y entiende el principio de presunción de inocencia cuando la beneficia. Ha actuado más como policía que como juez. Él sabe o intuye, -lo sabemos e intuimos todos-, que ni la infanta, ni la Casa Real podían estar ajenos a los movimientos de Iñaki Urdangarin pero olvida un principio elemental en Derecho que es la obligación de probar los hechos. Castro tenía múltiples sospechas para alumbrar un auto acusatorio de cientos de folios pero anda muy escaso de pruebas.

El procesamiento de la Infanta es más un ruidoso fuego de artificio que una solvente base legal para juzgar y condenar a Cristina. Los recursos de la fiscalía, la abogacía del Estado y la defensa tienen todas las papeletas para prosperar ante la Audiencia Provincial de Palma. Archivados los delitos fiscales el ruido mediático se centrará en la acusación de blanqueo de capitales que sí podría llevar a juicio a la infanta que pagará,- y de qué forma-, la conocida como pena del “telediario”. No irá a la cárcel porque no será condenada pero arrastrará, de por vida, el estigma que persigue a todo aquel que ha pisado un juzgado como imputado. Castro jugó muy fuerte y se encontró con la réplica de un fiscal que con un auto demoledor sugiere que estamos ante un juez prevaricador convertido en marioneta de una opinión pública ávida de carnaza.

La durísima acusación de Pedro Horrach cobra más sentido si cabe al comprobar los delitos imputados a los sospechosos.  Llama poderosamente la atención que la infanta Cristina sea la única imputada por blanqueo de capitales. Curiosamente el único delito por el que finalmente se sentaría en el banquillo. Quién sabe , quizás el fiscal tiene razón cuando avisa que su antaño amigo Castro hace tiempo que salió de pesca. O más bien de caza. De caza mayor.

Defender la “marca” España es algo más que pagar previsibles campañas de comunicación o realizar aburridas tournées.  Respaldar la marca España es evitar el espantoso ridículo de cancelar, por segunda vez en dos meses, la agenda del heredero de la Corona por un problema técnico en un avión de las Fuerzas Armadas que debería ser santo, seña e imagen de un país.  España no necesita un “Air Force One” pero tampoco merece una chatarra de treinta años donde nuestra sociedad pasea el pesimismo y la falta de autoestima.  La gravedad del bochornoso episodio del avión del Príncipe radica en la compañía de otras situaciones enfangan la imagen del país.

Se acumulan los casos de corrupción, fallan nuestras apuestas tecnológicas, empresas  aparentemente punteras entierran su seriedad saltándose los contratos firmamos se aprueban leyes retrógradas que nos devuelven a la década de la construcción del Airbus del sonrojo. Así es muy difícil  hacer y defender la marca España

 COBARDES E ILETRADOS

El lehendakari Ibarretxe al menos tuvo la dignidad y valentía de dar la cara para defender su plan soberanista en el Congreso de los Diputados. Fue derrotado y cavó su tumba política en Madrid pero demostró  arrestos para explicar con argumentos el dislate de su ensoñación independentista.  Artur Mas ni eso.  Actúa por cobardía desde hace más de un año cuando harto de sufrir reproches e insultos callejeros por los recortes, optó por el camino facilón de disfrazarse del Wallace catalán para recoger el aplauso de su cohorte de pelotas y la estruendosa ovación de un independentismo radical que no para de frotarse las manos desde entonces.  Mas se mueve entre la cobardía de quien esconde la mano tras arrojar la piedra y la chulería de quien se siente arropado por una sociedad que en realidad le dio la espalda en las urnas.  Actúa como presidente solo de una parte de los catalanes, se arroga el respaldo del 70 por ciento  de la ciudadanía y se permite el lujo de reprochar a Mariano Rajoy su “despotismo ilustrado”. Y lo hace él.  El hombre que patrimonializa otro tipo de despotismo, el iletrado.

 GUERRA DE TOGAS Y ALGO MÁS

Un inédito  y demoledor  auto judicial se convierte en metáfora de una sociedad fracturada hasta el hastío. Las críticas del fiscal al juez del “caso Nóos,- antaño amigos y no hace tanto colaboradores inseparables-, evidencian una fractura social de la que no escapan los togados por un quítame allá esa Infanta. El fiscal Horrach y el juez Castro se enfrentan a “cara de perro” en sus escritos  en nombre de las dos Españas. La de quienes confían en la inocencia de la hija del Rey y la de quienes están  convencidos  de su culpabilidad.  A un lado quienes creen que está siendo maltratada por una condena social preventiva y al otro quienes sostienen que recibe trato de favor. En este escenario no ayuda que el presidente del Gobierno se posicione  con tanta claridad en un asunto de Estado que compete única y exclusivamente a los jueces.  Cuando  Mariano Rajoy dice que a la Infanta le irá bien está sugiriendo que o bien maneja una información  privilegiada o bien disfruta de la sospechosa licencia de controlar la hoja de ruta judicial.

“La Justicia es igual para todos” repiten cansinamente políticos de uno y otro signo después de conocer la imputación de la Infanta Cristina. ¿De verdad es igual para todos? Ya se verá. Y se verá por exceso o por defecto.

Dice el juez Castro  que imputa a la infanta para “despejar cualquier duda” sobre la supuesta implicación de la hija del Rey en los negocios del  «Instituto Nóos».  Puede que la Infanta supiera los entresijos de los turbios negocios de su marido pero no bastan los indicios para que un juez cambie de criterio sólo meses después de su decisión inicial y contra el criterio de la fiscalía.  ¿La Justicia es igual para todos? ¿El mismo juez habría tomado la misma  decisión, con los mismos indicios si la persona investigada no fuera un miembro de la Casa del Rey?

Lo dudo y también lo duda el fiscal en un escrito demoledor en el que llega a la misma conclusión que cualquier mortal que se haya leído los dos autos judiciales. El de hace un año y el de ahora. Cuando un juez toma una decisión sabiendo que es injusta comete un delito de prevaricación. Guste o no, José Castro prevaricó cuando no imputó a la Infanta hace un año o prevarica ahora al cambiar de criterio sin pruebas. No bastan indicios, señoría y usted lo sabe. No basta estar plenamente convencido de que la Infanta estaba al tanto de todo y usted lo sabe. Quizás el problema de origen es que el magistrado debió imputar a la Infanta cuando lo hizo con el resto de la cúpula del «Instituto Nóos». Si entonces no lo hizo tampoco hay motivos para hacerlo ahora  por mucho que se empeñe un nuevo personaje muy al uso de la cultura española.

Vomitivo,  repugnante y cobarde Diego Torres. Filtra los correos, uno a uno, con la zafiedad de un infame ladrón que sólo busca escapar de la cárcel sin  atisbo de arrepentimiento.

Aún así -y con el riesgo de torpedear la presunción de inocencia-, la Infanta y Zarzuela están obligados a dar señales y gestos que refuercen la estabilidad institucional.  La Infanta, de entrada, debe renunciar de forma inexorable a sus derechos dinásticos sin esperar al siguiente paso -si el recurso de la fiscalía no lo remedia-, que sería el «paseíllo» y un posible procesamiento antes del juicio. La Monarquía vive momentos de extrema debilidad que ni debe, ni puede afrontar huyendo de la realidad.  En dar ejemplo está su salvación. Es cuestión de supervivencia.

MATONES Y CHORIZOS

Impone la ley del silencio como alternativa a su incapacidad moral para escapar de los casos de corrupción. Rehén de su pasado, silba, mira a otro lado y aguarda a que escampe el diluvio. Ordena callar a los suyos, esquiva a la prensa y pasa de puntillas por los asuntos que mantienen en vilo a una ciudadanía hastiada y agotada por tanta ineptitud.  El ingenuo  Rajoy cree que la distancia es el olvido en el caso Bárcenas. Piensa erróneamente que cuanto menos hable del tema menos daño le hará. Se equivoca. Una vez más, se equivoca el presidente. Ni la Justicia, ni la Policía, ni los medios de comunicación van a enterrar un caso de enriquecimiento y envilecimiento ilícito porque no está en juego una opción de Gobierno o un puñado de carreras políticas.

Resulta curioso y hasta chocante que el único barón «popular» que aboga abiertamente por pedir perdón por el «caso Bárcenas» tenga que enfrentarse a una voraz campaña de desprestigio por las fotografías de un narcotraficante hechas hace casi 20 años. La filtración, nada desinteresada, puede tener muchos orígenes pero ¿y si al final tiene razón el líder de los socialistas gallegos? ¿Y si resulta que quienes han filtrado la foto de marras son compañeros de partido de Núñez Feijóo? ¿Y si estamos en una campaña para acabar con el mejor colocado en la carrera por suceder a Rajoy?

En juego está un modelo de país y un futuro a conseguir.  El presidente del Gobierno tiene exactamente el mismo problema que la Infanta Cristina. Está, como ella, en manos de un personaje zafio que dispone de un arsenal que puede convertir, a su antojo, en pequeñas bombas de relojería. Los correos de Diego Torres han llevado a la Infanta a los juzgados. Los papeles del extesorero del PP, si alguien no lo remedia, podrán llevar al presidente hasta el cadalso. El Estado está hoy en manos de Torres y Bárcenas. Cuestión de matones, cuestión de chorizos. Mala pinta.