No es más que nadie pero tampoco menos. El auto de imputación de la Infanta Cristina es un quiero y no puedo del juez Castro. El magistrado ha trabajado relativamente bien durante los últimos cuatro años para concluir que la hija y hermana de reyes colaboró silenciosamente en los supuestos tejemanejes del “caso Nóos”. Es cierto que hay muchas sospechas pero no bastan meras conjeturas o intuiciones para sentar en el banquillo a un ciudadano sea o no infante de España. La lentitud en la instrucción del juez Castro, – maquillada como paciencia y trabajo minucioso-, ha alumbrado un auto plagado de declaraciones personales que no servirán para juzgar a la hermana de Felipe VI al menos por los dos delitos fiscales de los que está acusada.
Castro ha contentado al ala más republicana y populista de una sociedad que sólo respeta y entiende el principio de presunción de inocencia cuando la beneficia. Ha actuado más como policía que como juez. Él sabe o intuye, -lo sabemos e intuimos todos-, que ni la infanta, ni la Casa Real podían estar ajenos a los movimientos de Iñaki Urdangarin pero olvida un principio elemental en Derecho que es la obligación de probar los hechos. Castro tenía múltiples sospechas para alumbrar un auto acusatorio de cientos de folios pero anda muy escaso de pruebas.
El procesamiento de la Infanta es más un ruidoso fuego de artificio que una solvente base legal para juzgar y condenar a Cristina. Los recursos de la fiscalía, la abogacía del Estado y la defensa tienen todas las papeletas para prosperar ante la Audiencia Provincial de Palma. Archivados los delitos fiscales el ruido mediático se centrará en la acusación de blanqueo de capitales que sí podría llevar a juicio a la infanta que pagará,- y de qué forma-, la conocida como pena del “telediario”. No irá a la cárcel porque no será condenada pero arrastrará, de por vida, el estigma que persigue a todo aquel que ha pisado un juzgado como imputado. Castro jugó muy fuerte y se encontró con la réplica de un fiscal que con un auto demoledor sugiere que estamos ante un juez prevaricador convertido en marioneta de una opinión pública ávida de carnaza.
La durísima acusación de Pedro Horrach cobra más sentido si cabe al comprobar los delitos imputados a los sospechosos. Llama poderosamente la atención que la infanta Cristina sea la única imputada por blanqueo de capitales. Curiosamente el único delito por el que finalmente se sentaría en el banquillo. Quién sabe , quizás el fiscal tiene razón cuando avisa que su antaño amigo Castro hace tiempo que salió de pesca. O más bien de caza. De caza mayor.
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